Condiciones de trabajo en Pakistán

Gracias al SPG+, el Sistema de Preferencias Generalizadas Plus, la industria textil es un verdadero pilar de la economía pakistaní. Este programa permite a los países en desarrollo beneficiarse de la exención de derechos de aduana. No obstante, estos países deben comprometerse a cumplir determinadas normas, entre ellas las relativas a los derechos humanos y de los trabajadores. En Pakistán, país beneficiario de este estatuto, se han denunciado violaciones en varias empresas, según un informe de la ONG Human Rights Watch. Amplio ángulo sobre la cuestión.

El textil es un pilar fundamental de la economía pakistaní. Representa el 70 % de la cuota de exportación del país, gracias al Sistema de Preferencias Generalizadas SPG+ concedido por Bruselas en 2014. Este programa ofrece a los países beneficiarios la supresión de los derechos de aduana sobre los productos destinados a Europa. A cambio, estos países deben aplicar 27 acuerdos internacionales. Estos abarcan los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y la buena gobernanza.

Sin embargo, la ONG Human Rights Watch ha observado violaciones de estos derechos en empresas textiles paquistaníes, tanto grandes corporaciones como pequeños talleres. Estos últimos son especialmente notorios por sus deplorables condiciones de trabajo. Por ejemplo, los trabajadores son contratados sobre la base de simples contratos verbales, sin seguridad laboral ni prestaciones. Los empresarios también se niegan a pagar el salario mínimo legal y llegan a contratar a menores, incluso niños. También se han observado transgresiones en las grandes fábricas: jornadas laborales superiores al límite legal, empleo temporal prolongado, abusos verbales, etc.

En Pakistán, las autoridades han perdido hace tiempo el control sobre la industria textil. El país sólo cuenta con 547 inspectores de trabajo para controlar las 300.000 fábricas existentes. Sólo las marcas internacionales consiguen imponer algunas normas de seguridad a través de sus propias inspecciones. También en este caso, Human Rights Watch ha observado deficiencias en el cumplimiento de estas normas. La falta de transparencia en las cadenas de suministro es un ejemplo flagrante.

De hecho, las marcas internacionales de ropa son reacias a revelar la lista de sus proveedores. Estos proveedores, a su vez, utilizan métodos dudosos en su trabajo. Subcontratan la mayoría de las operaciones. Esto hace difícil, si no imposible, rastrear el origen y las rutas de suministro. En el proceso, engañan a sus clientes y vulneran los derechos de los trabajadores. Un claro ejemplo de esta mala práctica es el incidente de Karachi en 2012. Una fábrica textil se incendió y murieron 255 trabajadores. La fábrica había utilizado un certificado falso de cumplimiento de las normas.

Los derechos de los trabajadores están claramente amenazados. Carecen de protección social y, sobre todo, sindical. Según el informe de los defensores de los derechos de los trabajadores, varias grandes empresas han puesto en marcha maniobras destinadas a desmantelar los sindicatos. Por ejemplo, sólo ofrecen a los empleados contratos de corta duración. Con ello pretenden disuadirles de afiliarse y participar en actividades sindicales. Por otra parte, crean obstáculos al registro de sindicatos utilizando el Código Laboral en su provecho. Los empleados que toman la iniciativa son amenazados con el despido, la intimidación o, lo que es peor, la agresión. Otros establecimientos llegan incluso a registrar sindicatos falsos, formados por empleados ficticios o designados, para imposibilitar que los trabajadores tengan un sindicato real.

La situación de las trabajadoras sigue siendo la más preocupante. Algunas trabajan a domicilio y se les niega toda protección o prestación en virtud del código laboral. Se encuentran a merced de sus empleadores, que deciden su salario y sus horas de trabajo. Las que trabajan en empresas, sobre todo pequeñas fábricas, ni siquiera tienen estatuto de asalariadas. Además, están mal vistos por la sociedad. Su trabajo se ve como un intento de escapar al control familiar. Angbeen Mirza, profesora de Derecho en la Universidad LUMS de Lahore, señala: "El lugar de trabajo rara vez es un lugar de emancipación para las mujeres, y sus familias suelen dejarlas y recogerlas en la puerta de la fábrica".

En Pakistán, la mayoría de los trabajadores de las fábricas textiles son hombres. Las mujeres son escasas, o más bien invisibles o están fuera de las zonas reguladas. De hecho, las empresas prefieren contratar a mujeres que trabajan a domicilio, a menudo mal pagadas. No gozan de ninguna protección y no pueden afiliarse a los sindicatos de trabajadores ni organizarse en un sindicato autónomo.

Sin embargo, el objetivo de la UE al conceder el SPG+ a un país beneficiario es ayudar en "la lucha contra la pobreza respetando los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible". El principal objetivo de este programa es aumentar las exportaciones y crear empleo. Sin embargo, el respeto de los derechos de los trabajadores sigue siendo prácticamente inexistente en Pakistán.

Y hay que decir que la situación no parece que vaya a mejorar. Como señala Nayla Ajaltouni, coordinadora del colectivo Ethique sur l'étiquette, sin medidas coercitivas ni voluntad política es difícil presionar a Pakistán para que mejore las condiciones laborales. Es más, en 2018, una delegación de la UE viajó a Pakistán para comprobar los avances del país en el respeto de la legislación laboral. El embajador de la UE, Jean-François Cautain, dio su opinión en el diario paquistaní Dawn. Entre otras cosas, declaró que Pakistán debe aplicar los convenios internacionales que ha firmado y ratificado. Estas palabras no dejan lugar a dudas sobre las condiciones de trabajo en el país.

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